Desde el partido RIO manifestaron que cualquier intento de forzar la interpretación de la Constitución de la Provincia de Río Negro para habilitar un proceso de re reelección del gobernador Alberto Weretilneck, se encontraría violando el texto constitucional, toda vez que la letra del artículo 175 resulta clara y la alternancia en el ejercicio del poder constituye uno de los más esenciales principios del sistema republicano de gobierno que guió a nuestros constituyentes a la hora de dictar la Carta Magna provincial. Y toda declaración de certeza, deberá estarse a la presentación de una lista donde figure el nombre del gobernador como candidato.
El texto constitucional resulta claro, en cuanto su artículo 175º expresa que “El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo”.
En razón de ello, el Tribunal Electoral Provincial deberá rechazar “in límine” cualquier intento del actual gobierno que pretenda vulnerar tan groseramente el texto constitucional. Del mismo modo, cualquier actuación del Poder Judicial que proponga desoír el mandato de los constituyentes y convalidar una franca violación hacia la legislación vigente y su espíritu, así como vulnerar el sistema republicano de gobierno, derivará necesariamente en la promoción del juicio político de los jueces responsables, tal como lo ordena la máxima norma provincial a partir del Articulo 150.
RIO afirmó para finalizar que “de darse lugar a esta caprichosa intención de perdurar en la gobernación a como dé lugar, peligra la institucionalidad del Estado rionegrino. El Poder Judicial es quien debe garantizar la aplicación irrestricta de los principios constitucionales republicanos y no puede prestarse a interpretaciones forzadas de la ley máxima de nuestra provincia. La división de poderes y la independencia de estos, debe estar asegurada, y de no ser así, los jueces deberán asumir su responsabilidad y afrontar el correspondiente proceso de juicio político”.
