El legislador del Frente de Todos, Marcelo Mango expresó su preocupación por la sucesión de casos que podrían involucrar violencia institucional por parte de la Policía de Río Negro. En ese sentido, reclamó a la Justicia celeridad en las investigaciones de los hechos que produjeron la muerte de un hombre en inmediaciones de San Antonio Oeste y gravísimas lesiones cerebrales a un joven de Cipolletti, en los participaron efectivos de la fuerza.
Además, exigió al poder político que se mantenga al margen de la situación y permita al Ministerio Público Fiscal desarrollar las pesquisas necesarias para determinar qué responsabilidad le cupo a los uniformados en esos episodios, que se suman a una larga de acontecimientos de esas características producidos en los últimos años.
Mango marcó ese posicionamiento, junto a la presentación de su proyecto de Ley tendiente a crear la figura de Fiscal Coordinador de Violencia Institucional, bajo la órbita del Fiscal General “a fin de dotar al Ministerio Público Fiscal de dispositivos que desde su estructura impriman una mayor eficacia y eficiencia en las investigaciones y juzgamientos de delitos de suma gravedad como los mencionados”, señaló.
En este sentido, el parlamentario rionegrino explicó que “a su vez planteamos, que es necesario que las víctimas de violencia institucional que no puedan acceder a un abogado particular, puedan tener el acompañamiento legal del Estado como ya se implementa en la provincia de Chubut”.
“El proyecto que estamos presentando, se encuentra en línea con el compromiso que asumió el gobierno de la provincia de Río Negro ante la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y los representantes de todas las jurisdicciones del país el pasado 15 de julio”, indicó.
En dicha reunión gubernamental, entre otros compromisos, se planteó que “resulta necesario que las políticas contra la violencia institucional se transformen en políticas de Estado, independientemente de los signos políticos de quienes gobiernen circunstancialmente. Que esas políticas de Estado involucren a los poderes de gobierno: necesitamos un Poder Judicial que avance con rapidez en el esclarecimiento de los casos y en el juicio y castigo de los/as responsables; un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos”.
Por su parte, el legislador Mango señaló que “en coincidencia con el referido documento, entendemos que el rol y el fortalecimiento del sistema de justicia resultan fundamentales a la hora de pensar estrategias para erradicar la impunidad de los delitos derivados de la violencia institucional. Por esto proponemos, que los Defensores puedan patrocinar y/o representar en causa penal a cualquier persona víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y, en general, de violaciones a los derechos civiles y políticos, cometidos por funcionarios públicos u otras personas en el ejercicio de funciones públicas”.
“Si bien han habido resoluciones y pautas -lamentablemente- estas medidas no han logrado que en la provincia de Río Negro se revierta la impunidad judicial de los responsables de delitos de violencia institucional. Por lo tanto, es necesario profundizar las reformas judiciales que permitan avanzar en el juicio y castigo a los responsables de estos aberrantes delitos. Entendemos que la violencia institucional no va a ser erradicada solo porque se implementen las medidas que presentamos en esta iniciativa, pero creemos que se deben comenzar a cumplir los compromisos asumidos recientemente por Río Negro ante el Consejo Federal de Derechos Humanos”, concluyó el legislador rionegrino.
