Desde el Partido Socialista de Río Negro saludamos la iniciativa y sobre todo la valentía de Ivana Huenelaf, mujer Mapuche-Tehuelche, quien recientemente presentó una denuncia en los Tribunales Federales de Retiro -Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, sobre el genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia en el marco de la «Campaña del Desierto» -1878/1890-, llevando de esta manera una verdad histórica irrefutable a la justicia argentina, con el patrocinio letrado del abogado Fernando Cabaleiro, el respaldo de Nora Cortiñas y de la ONG “Naturaleza de Derechos”.
Fue en el marco de la campaña electoral de 2021 que desde el socialismo rionegrino impulsamos este mismo debate, poniendo a consideración de la sociedad un proyecto de Ley de reconocimiento de este genocidio. Lamentablemente, entonces tuvo poca repercusión mediática y nulo eco en las demás fuerzas políticas.
Esta denuncia, no sólo nos invita a la reflexión, sino que es un llamado a la acción a la comunidad toda, fuerzas políticas, gobiernos provinciales, el gobierno nacional y los parlamentos locales, provinciales y nacional para que decidan actuar y adelantarse a la investigación judicial promoviendo leyes y acciones como la que adjuntamos en el siguiente enlace –ver Proyecto de Ley–, y que coinciden en el mismo sentido que la presentación judicial de Ivana Huenelaf. Aquellas fuerzas políticas con representación parlamentaria o ejecutiva que no estén de acuerdo tienen la oportunidad de fundamentar por qué nuestra sociedad debería seguir ignorando la verdadera historia de los hechos sucedidos a fines del siglo XIX.
Por eso afirmamos que esta presentación judicial tiene la virtud de instalar el debate acerca del genocidio de 20.000 -según lo afirma Ivana- niñas, niños, mujeres y hombres en la llamada “Campaña del Desierto” cuyo principal objetivo fue ganar territorio, y entregar las tierras a terratenientes, estancieros, e influyentes políticos de la época, entre otros, para sus negocios particulares amparados por el Estado elitista de entonces y, paralelamente, extinguir todo vestigio material y cultural de la existencia de pueblos originarios.
Nuestro Estado puede y debe reconocer este genocidio, como lo hizo con los crímenes de lesa humanidad de la pasada dictadura y nuestra sociedad debe conocer esta verdad histórica que tuvo y tiene consecuencias inmediatas sobre la población que se pretendió exterminar, y mediatas, porque diseñó un país con una elite poderosa económicamente que sigue impidiendo la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en nuestros días.
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