En el tercer llamado a reunión de este año por parte del gobierno para la discusión salarial -que llega en las dos últimas semanas de marzo, cuando desde el año pasado venimos pidiendo definiciones paliativas a la crítica situación de los trabajadores de la Administración Pública- la propuesta del gobierno fue rechazada por UPCN.
En la reunión, si bien primó la discusión salarial, se volvieron a poner sobre la mesa todos los reclamos presentados por este gremio el 1º de marzo pasado.
En cuanto a la negociación sobre los salarios, la UPCN le acercó al gobierno una oferta que contempla el pago del 5% retroactivo a febrero, la inclusión allí mismo del 4,5% en concepto de recomposición salarial por el desfasaje inflacionario en los aumentos de 2016 y 2017; el 5% con los haberes de junio; el 5% con los de agosto y la revisión de lo acordado en ese mismo mes.
La reunión se extendió por más de dos horas y se plantearon las propuestas en términos duros, con todos los análisis gremiales sobre la mesa de negociación. Y si bien la principal discusión giró en torno a lo salarial, se reiteró con fuerza los reclamos presentados el 1º de marzo, entre los que se encuentran la actualización del pago de las asignaciones familiares; el pago en tiempo y forma de la Indumentaria; la puesta en vigencia y aplicación en todos sus puntos del manual de Misiones y Funciones tan importante para la mejora de los compañeros del PSA; la actualización urgente de las promociones automáticas; un aumento en los puntos de guardia para enfermería del agrupamiento tercero de la Ley 1904; darle trámite a los proyectos para incentivos al personal de Tesorería General; Personas Jurídicas; Lotería y Ministerio de Gobierno, entre otros; la incorporación al básico del concepto ‘complemento al mínimo’ de las categorías 1 a la 8 de la Ley 1844; la reconstrucción de la carrera de los agentes ex Saersa reincorporados al Estado; poner en práctica el escalafón laboral previsto en la Ley 3487, que está en consonancia con la ‘Modernización del Estado’; la revisión de la estatización de empresas que son deficitarias y a las que el Estado subsidia y que las discusiones salariales se den en el marco de lo que determina la Ley.
A la salida de la reunión, nuestro secretario general, Juan Carlos Scalesi dijo que “nuestra fortaleza está en la genuina defensa de la clase trabajadora a la que pertenecemos y a todos los reclamos de los diferentes sectores y organismos provinciales, nosotros también repensamos los números en torno a las pautas provinciales, pero no podemos aceptar un 15% como aumento para este año 2018, tenemos la responsabilidad que nos da la mayoría’.
