Aunque hay muchas formas de percibir la realidad, de interpretarla y resignificarla, hay momentos en la vida en los que nos topamos con hechos incontrastables como son los delitos contra la integridad física (homicidios, lesiones, amenazas, violaciones) o contra la propiedad (hurtos o robos, asaltos).
Mas allá de las estadísticas oficiales, la sensación de inseguridad puede estar vinculada a una multiplicidad de factores sociales y/o individuales, pero permanece estable o por momentos en notable aumento y, posiblemente, por acción de los medios de comunicación que exponen los hechos y los reclamos de comerciantes de Viedma o de productores del Valle Medio, sólo por citar algunos.
La problemática de la seguridad ha estado siempre en la cúspide de las preocupaciones sociales y en la agenda de los gobiernos aunque la experiencia histórica nos obliga a una reconsideración de los conceptos de seguridad e inseguridad como corolario de la aplicación de políticas de corte liberal. En particular, es conveniente analizar los fenómenos delictivos desde una perspectiva más amplia que incluya la consideración integral de los procesos sociales.
A efectos de los presupuestos y ejecución de políticas públicas exitosas, debiera ser siempre más fructífera para cualquier Estado la prevención del delito y no la atención de la victima.
En Río Negro, las políticas en materia de seguridad que instrumenta el Ministerio de Seguridad y Justicia no sólo deben mirarse por la divulgación de las estadísticas oficiales sino por la manera más contundente de evaluar esas políticas públicas que es, analizando cómo se ejecutan las partidas presupuestarias del área y se llevan adelante sus programas y acciones.
Por caso, durante el 2017 quedó sin ejecutarse lo presupuestado para la Coordinación del Consejo de Seguridad Provincial y su vínculo con los Consejos locales y el Programa Alerta Río Negro solo invirtió en su accionar el 26% de lo aprobado. En general, el gobierno solo ejecutó el 74% de lo presupuestado en materia de seguridad perfilando un resultado por demás contradictorio entre ejecución y resultados.
Las estadísticas oficiales se respaldan en los registros policiales y judiciales sobre los hechos delictivos. Pero resulta llamativo que hay delitos que no son reportados a las autoridades, por lo tanto, las estadísticas como los registros, en esta instancia, no son exhaustivos ni determinantes.
Es interesante reflejar aquí al menos dos indicadores para Río Negro que arroja la Encuesta Nacional de Victimización 2017 realizada por el INDEC y el Ministerio de Seguridad de la Nación, en hogares particulares de localidades urbanas de cinco mil y más habitantes de todo el país.
Esas encuestas de victimización relevan delitos que no fueron denunciados y los motivos por los cuales no se radicaron las denuncias y pretenden complementar la información generada por los registros administrativos.
La ONU define a la “victimización” como la manera en que un delito afecta a una persona o a un hogar y entiende que la Seguridad Ciudadana no comprende únicamente la reducción de los delitos sino que abarca estrategias que permiten mejorar la calidad de vida de la población.
En Argentina, el 47,5% de los delitos contra el hogar y el 66,3% de los delitos contra las personas ocurridos en 2016 no fueron denunciados. En nuestra provincia, aunque con valores más bajos, también resultan llamativos los porcentajes de “no denuncia” en delitos contra el hogar es del 37% y para los delitos contra las personas la tasa asciende al 51%.
La desconfianza en las autoridades es el principal motivo para no denunciar los delitos y existe un alto porcentaje que se encuentra insatisfecho de la manera que la autoridad manejó la denuncia porque, según la percepción, es que no se interesaron o no hicieron lo suficiente, mostrando su inacción frente al hecho delictivo.
El otro indicador a considerar es la confianza que la población rionegrina tiene en la policía de Río Negro, siendo del 39,8 % esa valoración y la ubica en una posición intermedia en relación a las provincias que presentan evaluaciones más o menos favorables de sus policías. La opinión de los rionegrinos mejora levemente hacia su policía sobre la forma en que controla el delito, donde el 64,9% considera “bueno o muy bueno” ese control por parte de la policía provincial en su zona de residencia.
Tanto las estadísticas, los hechos delictivos mas relevantes, las encuestas, las ejecuciones presupuestarias, entre otros, deben ser herramientas de diagnósticos para evaluar el accionar del sistema de seguridad provincial y la capacidad de respuesta a la ciudadanía y además, insumos para profundizar el análisis del fenómeno del delito y mejorar el diseño integral de las políticas publicas para enfrentarlo.
A mi entender, entre otras cuestiones que se desprenden de lo descripto, el Ministerio y por ende, el actual ministro tiene temas pendientes con el pueblo rionegrino como dar explicaciones en el ámbito legislativo sobre la situación desgraciada del secuestro y asesinato de un oficial de policía o promover o respaldar la creación de la policía judicial propiamente dicha en el marco del nuevo procedimiento penal.
Alejandro Marinao – Legislador Provincial FPV
