La Ley 24.799 obliga a las funcionarias y los funcionarios públicos a capacitarse en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. La Legislatura rionegrina aprobó en septiembre la iniciativa para adherir a la norma nacional, pero el gobierno avanza con lentitud. Desde el bloque del Frente de Todos volvieron a pedir la pronta implementación.
Con una nota dirigida al vicegobernador Alejandro Palmieri, la presidenta del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini, pidió que efectivamente se avance con mayor celeridad con las instancias de capacitación en materia de género que obliga la norma nacional, a la que consideró “un logro fundamental para erradicar la violencia contra las mujeres y las diversidades en los tres poderes del Estado, para progresar en la articulación de políticas públicas con perspectiva de género”.
Si bien Martini valoró el inicio de las primeras capacitaciones -que se realizaron de manera virtual– en Río Negro, consideró también que “vemos con preocupación la demora y el formato definido para la implementación de la Ley en nuestra provincia”, y señaló que la tarea de capacitación “debería fortalecerse con propuestas que abarquen a todo el universo de destinatarios y /as y con instancias específicas para el ámbito legislativo”.
La Ley Micaela fue sancionada en 2018 y promulgada en enero de 2019. El título rinde homenaje a Micaela García, una joven militante de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, que fue violada y asesinada por Sebastian Wagner, un hombre que cumplía condena por delitos sexuales y gozaba de libertad condicional.
La norma establece que “la capacitación y formación en la temática de género y violencia contra las mujeres no puede quedar librada a la mera preferencia individual de las personas, sino al cumplimiento de los deberes asumidos por nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.
En sus fundamentos, la Ley Micaela expresa además que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Sostiene que “es deber ineludible del Estado argentino en todas sus jurisdicciones bregar por la remoción de los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”.
Con la Ley provincial Número 5410 Río Negro adhirió a la Ley Micaela y puso en marcha una primera etapa de capacitación para agentes de la administración pública a través de la plataforma virtual del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), con la coordinación de la Secretaría de Igualdad de Géneros de la Provincia.
En la nota, la legisladora Martini expresó al vicegobernador Alejandro Palmieri, su “preocupación” por la demora en la implementación, y pidió además que “se garantice esta capacitación a legisladores y legisladoras, equipos de asesores y asesoras que son quienes tienen la responsabilidad de elaborar proyectos de ley sensibles al género, con impacto en las políticas públicas, fundamentales para una transformación social que promueva una vida libre de violencias y aporte a la equidad social y el fortalecimiento de la democracia”.
Según explicó María Eugenia Martini, la Ley Micaela es, en su contexto, “correlativa a la conquista de derechos de la sociedad civil impulsada con fuerza desde el gobierno nacional durante el período 2003 a 2015, como lo son el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género o la Ley de Educación Sexual Integral, entre otras”.
“Cuando se conquista un derecho”, señaló Martini, “ya no hay vuelta atrás, y los gobiernos son los responsables de garantizarlos plenamente y sin demoras. En este caso le estamos pidiendo al vicegobernador que profundice las capacitaciones y especialmente que las implemente en la Legislatura que le toca presidir. Para ello estamos poniendo además a su disposición el Área de Género creada en el bloque del Frente de Todos con el objetivo de asumir la responsabilidad institucional de profundizar acciones que apunten a proteger los derechos humanos de las mujeres y las diversidades”, concluyó.
