Mediante un proyecto de ley presentado hoy, el legislador provincial Juan Martin (Juntos por el Cambio) pidió excluir de todo tipo de programa de ayuda oficial a quienes participen de usurpaciones de terrenos y viviendas públicos o privados. La iniciativa contempla también la cesantía en caso de que se trate de empleados públicos y prohíbe la conexión de servicios a ocupaciones ilegales.
“Tenemos casos en los que desde el Estado se da apoyo material a quienes participan de las usurpaciones, o como las ayudas se usan de prenda de negociación”, señaló Juan Martin, considerando que “el Estado no puede negociar con delincuentes y mucho menos fomentarlos”.
El legislador detalló que “la propuesta es que quienes participen de usurpaciones queden excluidos por cinco años de los programas de ayuda, y en el caso de los empleados públicos que queden inhabilitados por dos años”.
Según el proyecto, no hará falta una sentencia judicial firme, “ya que se trata de delitos en flagrancia, donde los autores están filmados y son conocidos. Además, en muchos casos, llegan los funcionarios y reparten las ayudas en el lugar, y esto es lo que queremos terminar”.
“Además estamos creando un registro único de programas sociales, a cargo del Ministerio de Gobierno, para que haya un mayor control de quienes reciben ayudas”, explicó el parlamentario.
Juan Martin consideró que “con estas medidas lo que buscamos es desalentar las tomas, que en definitiva son el negocio de algunos vivos que en muchos casos se aprovechan de necesidades reales y que en otros directamente quieren sacar provecho o extorsionar al Estado y a los dueños de las tierras”.
