Los legisladores Alejandro Ramos Mejía, Nicolás Rochas y Luis Albrieu, presentarán un proyecto de ley para impedir que se efectúen cortes en el servicio de gas por falta de pago. Los referentes del Bloque FpV, argumentaron que la iniciativa surge “frente al descomunal incremento que pretende implementar el gobierno de Macri con el consentimiento de Alberto Weretilneck”.
Al respecto Ramos Mejía explicó que “este proyecto reedita una decisión que debió haberse tomado en el 2016, pero es tan fuerte la alianza ideológica que JSRN tiene con Cambiemos que Pedro Pesatti, autor de un proyecto similar, impidió el tratamiento y los rionegrinos se vieron desprotegidos frente a los tarifazos”.
Con respecto a la decisión del Secretario de Energía, Javier Iguacel, -que está siendo cuestionada judicialmente- Rochas dijo que “esto nos conmina a presentar nuevamente un proyecto que tiene como única finalidad proteger a los usuarios de Río Negro de estos tarifazos ilegales que Macri, con el consentimiento y beneplácito del gobernador, pretenden instalar en todo el país y en particular en la provincia”.
Para finalizar Albrieu, sentenció “queremos tener una herramienta que proteja a los rionegrinos, el gas no es un servicio opcional para los patagónicos, es el derecho a una vida digna y esto es un derecho básico que otorga la Constitución”.
M.E.SORIA PRESENTÓ UN PEDIDO DE INFORMES A IGUACEL SOBRE LAS COMPENSACIONES A EMPRESAS DE GAS
Acompañando las iniciativas que impulsan la derogación de la resolución 20/2018 en el Congreso, la diputada nacional María Emilia Soria presentó ante la Secretaría de Energía un pedido de informes a fin de conocer los montos a “compensar” a las empresas prestadoras del servicio de distribución de gas, según la diferenciación alegada entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio del gas reconocido en las tarifas finales.
También requirió al titular de ésta Secretaría Javier Iguacel, informe el listado de Distribuidores y Transportistas beneficiados con la cuestionada resolución 20/2018; así como a cuánto ascienden las supuestas pérdidas de cada uno de los ellos y cuál es la ganancia pretendida que dejaron de percibir.
“La resolución N° 20/2018 es un acto ilegal, inconstitucional y carente de toda fundamentación, por ello solicitamos su derogación. No sólo avanza sobre derechos adquiridos por los usuarios, sino que además carece de un requisito esencial del acto administrativo, que es la motivación. No dice cuántas ni quiénes son las empresas productoras que se beneficiarían con la medida, ni informa los montos de las supuestas pérdidas, ni los montos a recuperar. En qué cálculos se basan para – una vez más – hacer pagar con el bolsillo de los argentinos y argentinas las malas decisiones de este gobierno?”, cuestionó Soria y agregó: “No caben dudas que quien realmente perdió con las políticas neoliberales de este gobierno, tal como da cuenta esta Resolución, es el pueblo argentino. Y sin embargo, nadie tuvo la deferencia de “compensarlo” por los ataques recibidos a su economía, ni por la suba del dólar, ni por la inflación indominable, ni por la opresión a los salarios, jubilaciones y asignaciones”.
