Martini y Chiocconi, del FdT, solicitaron al Senado que trate el proyecto que incorpora los delitos contra el ambiente y la naturaleza
La presidenta del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini y su par de bancada Ramón Chiocconi pidieron al Senado de la Nación urgente tratamiento y aprobación del Proyecto N° 343/21 que incorpora en el Código Penal de la Nación Argentina el Título XIV de delitos contra el ambiente y la naturaleza, presentado por el senador por Chubut Alfredo Luenzo y que tiene como adherentes a los senadores y las senadoras de la Patagonia.
La iniciativa, que tiene como antecedente otra similar del recientemente fallecido senador (mc) Fernando Pino Solanas, permitirá perseguir y castigar conductas de quienes cometen delitos contra el ambiente y de quienes los instigan, buscando beneficios económicos a partir de la destrucción de los ecosistemas.
“Nuestro sistema jurídico ha incorporado por vía Constitucional la protección del ambiente como uno de los objetivos de la normativa. Esa incorporación se ha trasladado al recientemente reformado Código Civil y Comercial, pero el ámbito penal tiene todavía un trazado poco consistente y disperso en relación a la cuestión ambiental. Por eso es que, al ser uno de los fines que persigue nuestro Estado de derecho, se encuentra ampliamente legitimado en el corpus normativo la incorporación de un esquema penal de protección ambiental”, fundamenta el proyecto de Comunicación impulsado por María Eugenia Martini y Ramón Chiocconi.
“En la situación de profundo dolor y desolación en la que nos encontramos las provincias de Río Negro y Chubut, en particular en la zona Andina que ha sufrido incendios devastadores, tenemos más de 10 mil hectáreas afectadas sólo en nuestra provincia en los últimos meses, pueblos enteros gravemente dañados, cientos de familias que han perdido sus casas, una infraestructura severamente comprometida y consecuencias ambientales, sociales y humanas que todavía no alcanzamos a dimensionar”, indicó Martini.
Por ello, Chiocconi concluyó que “es necesario generar herramientas, centralmente de prevención y de reconstrucción, pero también de persecución penal para que los autores mediatos e inmediatos de estos hechos respondan ante el sistema judicial”.
