VIEDMA. Durante la mañana de hoy se realizó el debate de imposición de la pena que deberá cumplir un hombre que el 23 de febrero pasado fue declarado culpable del abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por ser encargado de la guarda, de su nieta. Los hechos ocurrieron entre los años 2001 al 2005 cuando la víctima tenía menos de 13 años de edad.
En primer término se expresó la acusación integrada por el fiscal Juan Pedro Puntel, la adjunta Mariana Giammona y la querella, ejercida por la abogada Julia Mosquera.
Puntel detalló a los hechos como “gravemente ultrajantes, tanto por su entidad como por su reiteración en el tiempo” destacando la “especial situación de aprovechamiento por la relación familiar que unía a la víctima con el victimario y por las circunstancias que rodearon el hecho”.
Mencionó además la “extensión del daño causado, ya que la víctima inició su desarrollo sexual con un abuso, por lo cual el hombre le arrebató a una edad temprano su normal desarrollo sexual, lo cual fue especialmente lesivo los años siguientes”. Agregó además que la pericia forense realizada indicó que “aún (a más de 10 años de los hechos) posee stress post trauma”.
Agregó finalmente circunstancias relativas al grado de instrucción del hombre y a la necesidad de obtener una “condena ejemplificadora para estos tipos de casos que detentan una alta gravedad y que son de los que más se reiteran”.
La Querella, por su parte, adhirió a la pena solicitada y realizó una diferenciación entre las condiciones inherentes a víctima y victimario aludiendo a que “la niña no podía razonar a los 8 años la gravedad de los hechos perpetrados por parte de su abuelo, pero él sí podía hacerlo. Entendía que estaba transgrediendo una normativa penal y el daño que estaba ocasionándole”.
Expresó además -al describir los hechos como parte de una “estrategia perversa y manipuladora”- que “las consecuencias de los mismos y las secuelas no cesan”.
La defensa ejercida por el abogado Raúl Campora, solicitó el monto mínimo de la pena por el delito de abuso sexual, requiriendo que la misma sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria y basó su alegato en el cuestionamiento de los agravantes que manifestara la acusación
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