La iniciativa tiene origen en dos episodios puntuales, que no son más que una réplica de lo que sucede a lo largo y a lo ancho del país. Uno es el deseo de una paciente oncológica de operarse con determinado médico del equipo, lo cual fue negado por las autoridades médicas del hospital público, sin ningún tipo de justificativo. Y el otro, es el reciente y doloroso caso de la muerte de la legisladora Débora Pérez Volpin, que de haber habido una cámara en el quirófano su familia hubiese tenido respuestas inmediatas sobre lo realmente ocurrido.
Haciendo hincapié en que los derechos de los pacientes son derechos humanos fundamentales relacionados con su estado de salud-enfermedad, se entiende que el ser humano en su condición de paciente necesita que sea respetado su derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la libertad, a la información, a la confidencialidad, a una muerte digna, entre otros.
Si bien Argentina ha avanzado mucho con el reconocimiento de estos derechos – en 2009 cuando se sancionó la Ley 26.529 y luego con sus modificatorias de 2012 y 2013 -, aún quedan aspectos por resolver.
En este sentido, el proyecto de Soria apunta a ampliar los derechos de los pacientes a fin de que sea posible elegir el profesional tratante; registrar por medios fílmicos y fotográficos los procedimientos realizados en quirófanos; y ser tratado por un profesional idóneo dentro de la especialidad requerida u obtener derivación inmediata. También busca que la historia clínica de enfermería pase a formar parte de la historia clínica del paciente; e incorporar la “lista de verificación para la seguridad quirúrgica” de los pacientes, que consiste en una serie de controles de seguridad que podrían llevarse a cabo en cualquier quirófano. Finalmente, este proyecto propone que pacientes crónicos, oncológicos y terminales puedan obtener un tratamiento adecuado para el dolor.
En sus fundamentos, el proyecto plantea que hablar de derechos del paciente, implica también una garantía para el cuerpo médico en la medida que permite mostrar las condiciones en que se trabaja. “Es una oportunidad para que bajen los costos de los seguros por mala práxis y beneficioso en las acciones legales, ya que demostrará que los cirujanos y el equipo realizan el trabajo a la medida de sus posibilidades, de sus conocimientos y en general, siempre tienen las mejores intenciones hacia sus pacientes”, consigna el texto.
Finalmente, la diputada rionegrina argumenta que esta iniciativa representa además una gran herramienta para cuidar las finanzas del Estado: “Todos sabemos que una buena atención médica genera una buena predisposición en el paciente de curarse. Respetar los tiempos del paciente además de salvar vidas, también ahorra dinero del Estado porque evita nuevas recaídas, nuevas operaciones e incluso evita también juicios millonarios al Estado por mala praxis médica”.
El proyecto de Soria fue acompañado por las firmas de los diputados Romero Jorege, Vallone Andrés, Alume Sbodio Karim Augusto, Doñate Martín, Mendoza Mayra, Martínez Darío, Raverta María Fernanda, Horne Silvia, Salvarezza Roberto.