Recibió media sanción de la Cámara de Diputados la Ley de Alquileres, que tiene como una de sus impulsoras a la diputada rionegrina Silvia Horne. El texto -que incluye a todos los contratos con destino habitacional- eleva el plazo mínimo del alquiler de dos a tres años; establece un nuevo mecanismo de actualización de los montos; y ofrece un menú de garantías entre las cuales el inquilino podrá optar.
En su intervención, la diputada nacional Silvia Horne por el Frente de Todos rindió un homenaje a la Federación de Inquilinos porque logró desarrollarse en todo el país y hacer una encuesta de inquilinos, que reunió respuestas de 19 mil casos. “Los insumos de esa encuesta nos han permitido hoy tener la certeza de lo que hablamos, ya no es difusa la información, ya no son pareceres, sino que sabemos a ciencia cierta que la preocupación mayor de estos inquilinos tiene que ver con el aumento indiscriminado de los alquileres, con la dificultad por el acceso a las garantías”, explicó.
Horne resaltó que “la mayoría de quienes se ocupan en los hogares de la problemática de la vivienda son las mujeres y sabemos también que una parte de la problemática tiene que ver con posiciones abusivas y discriminatorias, que ponen condiciones que impiden a las mujeres alquilar si tienen niños”.
La diputada rionegrina dijo además que “el reconocimiento a las organizaciones tiene un nombre y apellido y quiero mencionar especialmente a Gervasio Muñoz, porque no ha cejado en la preocupación para que este proyecto llegue hoy al recinto, es una lucha que tiene varios años, la Federación se constituyó en el año 2016. Este dirigente ha podido consensuar posiciones con el sector inmobiliario y llegar a un proyecto de equilibrio, es el fruto de un acuerdo, el fruto de una negociación, de haber podido sentar en una mesa a sectores con intereses contrapuestos y haber podido encontrar una regulación por parte del Estado, que ponga límites a las condiciones abusivas que están dejando a muchísimas familias en la calle”. Puntualizó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en julio, había más de 7.500 familias en la calle.
También hizo un recorrido histórico, en el que mencionó ‘la huelga de las escobas’ de 1907, en la que participaron unos cien inquilinatos de la ciudad de Buenos Aires durante tres meses, que fue duramente por el coronel Ramón Falcón, jefe de Policía que ejecutó sangrientas represiones en los comienzos del siglo XX. “Tengo que mencionar que hemos tenido un periodo en la historia en el que hubo gobiernos en el cual hubo políticas de Estado que tomaron a la vivienda como un objetivo social, durante el gobierno peronista se construyeron cantidades importantes de viviendas, y se construyeron para los trabajadores y con los gremios. Esto permitió que durante todo eso periodo la demanda por el valor de los alquileres no tuviera el peso y la gravedad que tiene hoy”, expresó.
Recordó además la formación, en el año 1973, el Frente de Inquilinos Peronistas, y también en la reanudación de la democracia, en el año 1983 se formaron centros de inquilinos. Mencionó también que la Cámara de Diputados aprobó la ley del Registro de Barrios Populares, donde vimos que miles y miles de familias han encontrado de hecho y por su cuenta formas de resolver el derecho a la vivienda, que no está contemplado por políticas de Estado. “Esta ley da cuenta de los principales problemas con los que se encuentra una familia que tiene que alquilar, el primero de ellos es una indexación cierta, que va a ser anual, y que se va a regir por índices oficiales y públicos, una combinación entre los índices de precios al consumidor y de incremento de los salarios”, sostuvo.
La media sanción establece que el monto alquiler será actualizado de forma anual según una combinación entre el índice inflacionario y el de variación salarial. Otra reforma importante tiene que ver con las garantías: actualmente el propietario es quien impone la garantía para el alquiler, mientras que con la futura ley el inquilino podrá elegir dos opciones dentro de un amplio menú, y el propietario deberá aceptar una de esas propuestas. La ley, que ahora será girada a la Cámara de Senadores, permite garantía propietaria -es decir, otro inmueble-, certificación de ingresos o recibo de sueldo, avales bancarios o un seguro de caución.
