El reclamo parte del pedido de autorización de la gobernadora Carreras para emitir nueva deuda por 5 mil millones de pesos. La comisión para el control del estado de las finanzas provinciales fue creada por Ley en mayo, pero el oficialismo nunca la convocó.
La comisión legislativa de Seguimiento y Control de Gestión de la Renegociación de la deuda provincial fue creada por Ley 5441, sancionada en mayo, cuando el gobierno rionegrino iniciaba el proceso de reestructuración de sus pasivos en moneda extranjera, consecuencia de los 300 millones de dólares de deuda contraída para financiar las obras del denominado Plan Castello.
La función del órgano legislativo era, precisamente, la de analizar y evaluar la evolución de las obligaciones financieras provinciales además de la renegociación con los acreedores, aún en curso. No obstante, a cinco meses de sancionada la norma que originó la comisión, y del voto casi unánime de la Cámara, el oficialismo nunca convocó a conformarla.
Según informa el ministerio de Economía de la provincia en su web institucional, el stock consolidado de deuda pública por todo concepto a junio de este año es de 36.907.888.215 millones de pesos, una cifra que representa el 63% del total de los ingresos provinciales.
Este lunes, la gobernadora Arabela Carreras envió a la Legislatura un pedido de autorización para una nueva emisión de Letras de Tesorería por 5 mil millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2021, y la autorización al Poder Ejecutivo “a sobregirar en forma continua o alternada por sobre la sumatoria de los saldos de las cuentas corrientes oficiales”, según señala la nota que acompaña al proyecto.
El requerimiento -que será tratado en sesión parlamentaria la próxima semana y que deberá contar además con el consentimiento del Gobierno nacional– volvió a poner de manifiesto la ausencia total de controles sobre las decisiones de Juntos Somos Río Negro en materia financiera.
La falta de información pública que refleje las proyecciones sobre las que se basa una estrategia de gestión, representa ya un estilo de gobierno. Vale resaltar que el Ministerio de Economía desde junio no actualiza los reportes de análisis fiscal, datos que permitirían a cualquier ciudadano rionegrino conocer a ciencia cierta la situación financiera provincial.
“La deuda es una condicionante para el futuro de los rionegrinos. Desde el Frente de Todos reclamamos que se constituya esta comisión que permitirá conocer cómo se renegocian esos pasivos y evitar que se siga comprometiendo a las próximas generaciones”, expresó el legislador José Luis Berros.
Por su parte, su par Marcelo Mango manifestó su preocupación en relación a que “habiendo iniciado la provincia el proceso de negociación de la deuda, aún no se haya convocado a los nueve integrantes de la comisión que debía abocarse al análisis de la información, y a la evaluación de los trámites y los mecanismos de pago que fueran a acordarse”. Mango recordó que el reclamo de que se constituya ese cuerpo fue presentado como un proyecto de Resolución de su autoría el 16 de julio y permanece en Labor Parlamentaria sin tratamiento.
Alejandro Marinao, en tanto, analizó que “el Poder Legislativo debe dinamizar otras comisiones tan importantes como ésta, tales como la de seguimiento del Plan Castello, la de los contratos hidrocarburíferos y la de Pesca, para que la oposición tenga otras maneras de ejercer el control para lo cual fue elegida, y otras posibilidades de supervisar las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno rionegrino”.
“No se trata de un capricho”, añadió María Eugenia Martini. “La gobernadora y el bloque del oficialismo en la Legislatura deben cumplir con la Ley. No es posible que los poderes del Estado cumplan solo con las leyes que le gustan y soslayen las que no. Eso redunda en una baja calidad democrática”, sentenció.
“Una vez más reclamamos la urgente conformación de una comisión que debe velar por los intereses de los rionegrinos y rionegrinas. Que reciba la información económica y financiera de la provincia, que pueda analizar la evolución de la deuda pública, hacer el seguimiento de la renegociación con los acreedores y aportar soluciones. Son decisiones que nos incumben a todos, no pueden tomarse a espaldas de la gente”, concluyó la legisladora.
