Por la Dra. Marta Milesi Legisladora (JSRN). Con estupor y dolor llega la noticia de lo ocurrido en la Legislatura salteña al momento de votar la derogación del decreto 1170/12 y aprobar la Adhesión al Protocolo Nacional de Aborto no Punible.
Legisladores de la bancada justicialista, dejaron su banca, la que el pueblo les otorgó, muchas de ellas mujeres, en un acto de cobardía y misoginia.
Sin dudas hubiese sido mucho más honesto de xara a la sociedad a la que representan, permanecer en sus bancas, dar quórum y fundamentar su voto. No se trata de “imponer” sino de reflexionar en conjunto, no se trata fundamentalismo ideológico, se trata de debatir con madurez y altura.
Lejos están estos legisladores de comprender que el cuerpo de la mujer es solo de ella, las decisiones que debe tomar le pertenecen, absolutamente nadie ni la iglesia, ni el estado , ni la clase política , ni los profesionales de la salud, deben arrogarse el derecho de estigmatizar, penalizar y condenar a la clandestinidad que mata.
Señores y señoras legisladores, la violación es el crimen más aberrante al que pueda ser sometido un ser humano, cuando se trata de una mujer, que por este acto de bajeza humana extrema además queda embarazada, claramente es un embarazo no deseado; entonces me pregunto: hay derecho a someterla al doble trauma físico, psíquico, social?
Acaso no puede decidir por sí misma lo que desea para su vida y su futuro?
La ley y el protocolo de aborto no punible, no obliga, por el contrario, otorga derecho a la mujer a decidir, protege al sistema de salud y a los profesionales para responder en el marco de la legalidad, pero lo más importante salva a una mujer, probablemente una madre de la potencial muerte a la que la conduce la clandestinidad.
Como mujer, como luchadora por sus derechos, como médica, como legisladora y mujer pública, repudio con firmeza la cobarde actitud de legisladores salteños y les digo: esta no es una causa perdida, es el momento de las mujeres, estamos acostumbradas a luchar, más tarde o más temprano nuestros derechos personalísimos no serán ya más motivo de duda, o conflicto ético o moral.
