En la última sesión legislativa del Parlamento rionegrino, desarrollada el jueves, fue modificada la Ley Provincial Nº 2440 de Salud Mental. La norma, que fue señera en cuanto a la intervención estatal en el tratamiento de los padecimientos de salud mental en toda Latinoamérica, se actualiza así modificando artículos y creando el Órgano de revisión, que será el encargado de supervisar su implementación y funcionamiento.
Pero la aprobación en primera vuelta lograda en la jornada de ayer, es producto de un logro aún mayor, aquel que reunió a legisladores de diversa extracción política, referentes del Poder Ejecutivo y miembros del Poder Judicial en un trabajo consensuado en pos de lograr la reivindicación de derechos. Se llega así a la consolidación de una política de Estado, ya que todas las personas son susceptibles de tener a lo largo de su vida, algún tipo de padecimiento mental.
En abril de este año, el Procurador General Jorge Crespo recibió, junto a la Jueza del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini y quien en ese momento se desempeñaba como Defensora General, Rita Custet , a representantes de diversos poderes del Estado con quienes avanzaron en la necesidad de la creación del Órgano de Revisión de salud mental, que se concretará con la aprobación de esta Ley.
Cabe recordar que éste, es un cuerpo integrado por referentes de las carteras de Salud, Derechos Humanos, el Ministerio Público, las asociaciones de usuarios y familiares. Lo componen además profesionales y otros trabajadores de la salud y organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los Derechos Humanos. Su principal función es evaluar y supervisar las condiciones de los tratamientos, las internaciones en el ámbito público y privado, controlar derivaciones, requerir la intervención judicial, controlar el cumplimiento de la ley y velar por el cumplimiento de los derechos de las personas.
Crespo, valoró ese encuentro, uno de los primeros que impulsó desde la Procuración General, celebrando el alcance que importa esta ley para la reivindicación de derechos humanos. “Lo que votaron los legisladores, es la posibilidad de brindarle más derechos a personas que transitan una situación de mayor vulnerabilidad, derechos que protegemos y por cuyo respeto trabajamos fuertemente desde la Defensa Pública”.
Con la creación del Órgano de Revisión, los agentes judiciales contarán con un órgano de consulta que garantizará el cumplimiento de los estándares de debido proceso establecido por las convenciones de Derechos Humanos internacionales. Por ello, destacó Crespo, era necesario que el mismo funcione en un ámbito independiente, entendiendo que el más indicado es la Defensoría del Pueblo.
“Lo que se ha logrado aquí es sumar nuevos avances en el marco de una ley que ya ubicó hace años a nuestra provincia a la vanguardia de las políticas públicas, gracias a la labor de muchos de los mismos legisladores que hoy defendieron este proyecto, del Dr. Cohen y, hoy además, debemos destacar el consenso responsable de los tres Poderes del Estado”.
“Eso fue justamente lo que se votó – precisó-, la intersectorialidad. El trabajo desde diversas ciencias que refuerza el concepto de desmanicomialización, que no es otro que el de mirar estos padecimientos como una suma de factores que incluyen a la salud, pero que especialmente atraviesan aspectos sociales”, finalizó Crespo.
Defender el derecho a defensa
En la provincia, recordó el titular del Ministerio Público, hay un equipo de Defensores oficiales que trabaja en la defensa de los derechos sociales y civiles, entre ellos, los de aquellas personas que sufren este tipo de discapacidad. Se trata de Dolores Crespo, Belén Delucchi, Stella Maris Viudez y Matias Vidovic quienes escuchan a las y los usuarios de salud mental y trasmiten sus deseos y necesidades ante el magistrado que lleva adelante el proceso judicial iniciado para debatir cuestiones que involucran sus intereses.
Con las modificaciones que comenzaron a alcanzarse ayer (ya que resta aún la aprobación en segunda vuelta y la reglamentación de la ley consolidada) los defensores deberán fortalecer la tarea de generar ajustes razonables (tales como el uso de lenguaje sencillo o la escucha de la persona y los referentes afectivos que le sirven de apoyo) y, en función de ello, ejercitar directamente su defensa, atendiendo sus deseos y preferencias. Este proceso ya se había iniciado con la aprobación de la Ley federal de Salud Mental y las últimas modificaciones que sufriera el Código Civil.
En los nuevos procesos judiciales ya no existen curadores que los representan; en cambio son los propios interesados quienes ahora son escuchados por el juez y asesorados por los defensores públicos ya que nadie toma determinaciones por un ser humano que tiene la posibilidad de tomarlas por sí mismo cuando está correctamente acompañado.
El trabajo es constante, la intervención continua, muchas veces los defensores se convierten en verdaderos referentes de aquellos que atraviesan estas situaciones. La puerta de entrada es el despojo del miedo, del preconcepto y del prejuicio construyendo un vinculo de escucha claro que pueda ser transmitido con igual claridad en el marco de las diversas instancias judiciales.
