Un hombre del Alto Valle fue sometido a un proceso penal luego de ser acusado del delito de frustración de cheques. La fiscalía le recriminó que firmó las órdenes de pago y luego denunció falsamente el hurto de los documentos. Debió compensar al damnificado y cumplir estrictas pautas de conducta.
Según la acusación, el imputado firmó un cheque por la suma de 10 mil y otros dos por 32 mil pesos. Cuando las órdenes de pago estaban por vencer, se presentó en la comisaría de Cinco Saltos y denunció el hurto de los documentos bancarios. Con esa maniobra, la entidad financiera no pagó los valores por motivos de “extravío, hurto o robo”.
La persona que resultó damnificada hizo la denuncia por el delito “frustración maliciosa de pago de cheques” y se constituyó en querellante para seguir el proceso penal. Hubo una formulación de cargos y en esa instancia la defensa solicitó la suspensión de juicio a prueba. Entonces el imputado devolvió la totalidad de la suma de dinero frustrada y cumplió las pautas de conducta impuestas por el plazo de un año: no cometió nuevos delitos, mantuvo su domicilio, se presentó periódicamente ante la Oficina Judicial y no consumió drogas ni alcohol.
La probation
La suspensión de juicio a prueba, más conocida como probation, permite a una persona imputada evitar el juicio penal si cumple las reglas de conducta que ordena un juez o jueza.
Solo se puede aplicar a delitos cuya pena no supere los tres años de prisión y siempre que haya consentimiento de la fiscalía.
Se pueden ordenar tareas comunitarias, una reparación económica, una inhabilitación de acuerdo al delito, entre otras pautas de conducta.
Durante el plazo fijado el acusado queda a prueba. Si no cumple la probation fracasa y el caso va a juicio. Pero si cumple la causa se cierra sin que quede el antecedente.
El nuevo código procesal penal permite a la víctima supervisar las reglas de conducta, personalmente o a través de una organización no gubernamental. El control del cumplimiento está a cargo de la Oficina Judicial.
Las estadísticas del Poder Judicial demuestran que un altísimo porcentaje de las personas puestas a prueba cumple con las pautas de conducta. El último año hubo 1.374 audiencias de suspensión de juicio a prueba en toda la provincia, cifra que representa el 13,06 por ciento del total de audiencias penales.
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