Los mecanismos de control con que cuenta la Obra Social IPROSS actualmente permitieron que llegara a la Justicia el caso de la afiliada que había presentado facturas falsificadas en Cipolletti para cobro de reintegros.
La Fiscalía propuso una pena de tres años de prisión condicional para la afiliada que había presentado facturas falsificadas a nombre de una empresa de transporte por un total de $205.500, para el supuesto traslado de su hija discapacitada. El personal de la Obra Social fue quien detectó, en primera instancia, ciertas irregularidades y comenzó a analizar la validez de las mismas. A partir de allí, autoridades de la Obra Social tomaron contacto con el propietario de la empresa de transporte, quien informó que la firma a su cargo no había realizado esos servicios ni había expedido esas facturas.
Esta misma afiliada estaba imputada por agredir físicamente a la auditora médica y a empleados de la delegación de Cipolletti, hace poco más de un año.
El IPROSS cuenta con auditorías médicas y administrativas que fiscalizan las prestaciones brindadas a los afiliados, sobre todo los temas que tienen que ver con el área de discapacidad y planes especiales con cobertura integral, prestaciones clínico-sanatoriales y médicas. Esto fue lo que permitió llegar con este caso a la Justicia.
