Así lo ratifica hoy un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, cuando declara la inconstitucionalidad de una Ordenanza de la Municipalidad de Chimpay que le permitía instalar radares en la Ruta Nacional 22 y cobrar multas a partir de su uso.
Esa importante decisión es el resultado de un proceso judicial iniciado por la Fiscalía de Estado a instancias de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que ha venido bregando en los últimos años ante las autoridades nacionales y provinciales para lograr la regularización de esa situación anómala.
Desde el año 2018, la Defensoría del Pueblo, a través de un trabajo constante y minucioso y ante la gran cantidad de reclamos recibidos desde distintos puntos de la provincia y del país, viene advirtiendo respecto a la ilegalidad de los radares de control de velocidad ubicados en la provincia que no cuentan con autorización de la autoridad de aplicación: la Agencia Nacional de Seguridad Vial y, desde 2019, la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Esto como resultado de la modificación de la Ley de Tránsito Nº 5.263 en agosto de 2019, que hizo la reserva de jurisdicción para autorizar el funcionamiento de radares cinemómetros en rutas nacionales dentro del territorio provincial.
La Justicia definió el fondo del planteo, es decir, que la Ordenanza Municipal N° 22/2021 de Chimpay violenta las pautas de la Constitución Nacional como así también de la Provincial. En el fallo los integrantes del máximo tribunal consideraron que si bien el municipio tiene potestad para el control del tránsito, esa facultad se limita a la circulación urbana.
La Defensoría del Pueblo recibió con satisfacción la decisión judicial. Santagati destacó que “la radarización en la provincia es fundamental para la seguridad vial de todos los ciudadanos pero ello se debe realizar siempre en el marco de la legalidad, por ello el fallo del Superior Tribunal ratifica el correcto accionar en la temática que venimos trabajando desde el año 2018”.
