1926 agentes judiciales participaron de las capacitaciones obligatorias en perspectiva de género en el Poder Judicial, establecidas por la Ley Micaela. Más del 85 por ciento manifestó que la actividad le despertó “más interés en la temática”, de acuerdo a una encuesta anónima que procesó el Centro de Planificación Estratégica del STJ.
Las capacitaciones obligatorias que brindó la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial a través de la Escuela de Capacitación fueron vistas como altamente positivas: el 82% de los y las asistentes calificó la actividad de los talleres como “muy buena o excelente”, mientras que el 92% dijo que adquirió “nuevos conocimientos y herramientas” sobre la temática. Más del 94 % de las personas consideró su aprendizaje como “aplicable al ámbito laboral” y valoró los temas abordados como “importantes en la vida cotidiana”.
Se cumplió así el objetivo primario de la masiva capacitación en perspectiva de género que dispuso el Superior Tribunal de Justicia con su primera Acordada de 2019: “sensibilizar” y “estimular” a todo el cuerpo de agentes del Poder Judicial en la búsqueda de “cambios hacia una mayor equidad de género en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven (laboral, familiar y su vida cotidiana)”.
Los 50 talleres de perspectiva de género realizados entre abril y diciembre del pasado año alcanzaron a un total de 1926 judiciales de todas las jerarquías y escalafones (el 79% de la totalidad de agentes), incluidos jueces y juezas del Superior Tribunal de Justicia. Se dictaron en Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Choele Choel, Río Colorado, Villa Regina, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Cada encuentro estuvo a cargo de la Coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos y Género junto a alguno de los 30 integrantes del equipo de replicadores que colaboran con la Oficina.
Fueron 1.143 las personas que respondieron a la encuesta de impacto de la capacitación, que se diseñó junto al Centro de Planificación Estratégica como una herramienta para evaluar la llegada de la actividad y planificar futuras acciones para avanzar en la temática. Del total de encuestados, el 55% dijo que era su primera capacitación al respecto. Fueron 208 las personas que admitieron que no estaban previamente interesadas en la temática. Ese número se redujo prácticamente a la mitad después de haber participado de la capacitación. En tanto que el 76 % dijo que habría participado igualmente del taller si el mismo no hubiese sido obligatorio.
La Ley Micaela
La Ley 27.499, denominada “Ley Micaela”, fue sancionada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2018 y obliga a todos los organismos públicos (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos descentralizados de la Nación y las provincias adheridas) a brindar formación en perspectiva de género a todas las personas que se desempeñen bajo su órbita, sin importar la jerarquía. De acuerdo con el Ministerio Nacional de las Mujeres, Género y Diversidad, hasta enero de 2020 más del 70% de las provincias y unos 500 municipios habían adherido a la Ley Micaela.
En febrero de 2019 el Poder Judicial de Río Negro fue el primer poder del Estado rionegrino en asumir el compromiso de la Ley Micaela y declaró obligatoria la formación de su personal en Perspectiva de Género y Derechos Humanos. Rápidamente se diseño un plan talleres de sensibilización y formación que ya alcanzó casi al 80% de los y las agentes judiciales.
Recientemente el Centro de Planificación Estratégica presentó la evaluación de impacto de los primeros 50 talleres brindados, un instrumento que permite medir la llegada del plan de capacitación y delinear futuras estrategias en función de las opiniones, intereses y necesidades reflejadas por los y las trabajadores judiciales en la encuesta.
