Un hombre de 44 años, que se desempeñaba como capataz en una chacra del Alto Valle, se cayó a un pozo mientras sacaba los brotes de una parra de uvas. Sufrió una lesión en su rodilla y la ART no autorizó la cirugía. En esa instancia se hizo cargo la obra social. Un fallo del fuero Laboral de Cipolletti fijó una indemnización por incapacidad.
En un primer momento, luego del accidente laboral, el trabajador recibió las prestaciones por parte de su ART pero la cirugía estuvo a cargo de la obra social. Después continuó con el tratamiento y sesiones de kinesiología.
Como el chacarero no estuvo conforme con el dictamen de la Comisión Médica, impulsó una demanda ante la Cámara Laboral de Cipolletti.
El trámite se realizó a través del expediente digital y con audiencias bajo los protocolos sanitarios por la pandemia.
Quedó acreditado que el trabajador cayó a un pozo mientras realizaba desbrote de frutales en la chacra. En ese momento se encontraba en un viñedo.
El tribunal consideró el dictamen médico de la perito oficial, quien concluyó que el porcentaje de incapacidad laboral era del 14,8 por ciento.
Luego, en la fórmula matemática que combina incapacidad, edad y salario percibido, se fijó una indemnización de 690.324,70 pesos que deberá ser afrontada por la ART.
Expediente digital para todos los fueros y procesos
En el año de la pandemia, en el Poder Judicial de Río Negro se implementó el expediente electrónico. Así la digitalización se impone a la totalidad de los procesos judiciales de los fueros Civil, Laboral, de Familia y Justicia de Paz, y se utiliza desde el inicio de la tramitación hasta la sentencia. Río Negro es la tercera provincia en implementar este sistema de manera total.
Los beneficios del sistema se evidencian más allá de las medidas preventivas por la pandemia: mayor celeridad a los procesos, descongestión de las mesas de entrada, articulación con auxiliares de Justicia para que intervengan de manera digital en los expedientes, aún más transparencia en la información, ahorro de insumos, drástica reducción de los espacios físicos de guardado y archivo de expedientes, cuidado del ambiente y mayor acceso a la justicia, ya que profesionales y auxiliares que residen en ciudades diferentes a los tribunales pueden litigar sin inconvenientes.
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