En el día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, sostenemos que los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres, mujeres trans, adolescentes y niñas deben ser aspectos centrales de las políticas públicas y las agendas gubernamentales.
En los últimos años, estos derechos están siendo motivo de mayor debate público, porque su vulneración implica violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad, a una vida libre de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la igualdad de las mujeres, lesbianas, niñas y personas con capacidad de gestar en nuestro país. Todos estos son derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y otros que tienen rango superior a las leyes.
Las violencias sexistas, se muestran en el control de la vida y los cuerpos. El machismo y la misoginia alimentan la posición anti-legalización, que oculta la crueldad de situaciones escalofriantes: abusos intrafamiliares, niñas-adolescentes madres obligadas a gestar, mujeres víctimas de abortos clandestinos y violencia institucional. Pero las luchas de los feminismos están pariendo otra historia, varias siglas que descifraban algunas feministas empezaron a incorporarse al vocabulario, y las subjetividades, de millones de mujeres: ESI, ILE, IVE, como referencias de una historia que vamos escribiendo. A principios de los años 80`, el feminismo comprometido con la conquista del aborto legal, logró trastocar los sentidos peyorativos en torno a esta práctica. En el año 2005, se puso en marcha la Campaña Nacional por el aborto Legal, que a partir del 2015, inundó las calles masivamente, con miles y miles de mujeres jóvenes, adultas, de diferentes procedencias, y con personas LGTBIQ+, interpelándonos a gran parte de la dirigencia política.
El Gobierno Nacional, asumiendo el compromiso político de cumplir con los objetivos de erradicación de las violencias hacia las mujeres y personas LGTBIQ+, creó, por primera vez en la historia de nuestro país, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que trabaja fuertemente en políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres y las diversidades, frente a toda forma de desigualdad y violencia. El presidente de la Nación Alberto Fernández, viene sosteniendo su decisión política de legalizar el aborto.
Vale mencionar que el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Buenos Aires (CEDES) y la Red de Acceso Al Aborto Seguro (REDAAS), publicaron en 2018 un documento titulado «El aborto en cifras» que estima que en Argentina se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Hay más de 1 aborto cada 2 nacimientos.
La despenalización del aborto reduce la mortalidad y la morbilidad materna. Por ejemplo, en Uruguay, desde la legalización del aborto, el porcentaje de muertes por esta causa descendió de 37% a 8%. En Argentina, dos de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas maternas murieron por abortos inseguros: 47 mujeres por año. Desde la recuperación de la democracia se han muerto 3030 mujeres por abortos inseguros.
Como legisladoras y legisladores del Bloque del Frente de Tod@s, acompañamos la lucha de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, manifestamos nuestro compromiso de continuar profundizando las agendas y demandas de las organizaciones feministas y de personas LGTBIQ+ de nuestra provincia. No hay marcha atrás para el avance del proceso democrático que otorgará este derecho a miles de mujeres y cuerpos gestantes, en el marco del Gobierno Nacional, Popular, Latinoamericano y Feminista, que conducen Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
La despenalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, es una deuda de la democracia, una deuda con las más jóvenes, con las mujeres de los sectores más vulnerable. Será, sin duda, la victoria de los Derechos Humanos, de la salud pública y de la justicia social.
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