La mesa Directiva provincial de UPCN manifiesta su total rechazo a la resolución salarial fuera del marco de la Ley que el propio gobierno publicita como ‘acuerdo paritario’ en la página oficial. Objetamos la arbitrariedad e ilegalidad de dicha resolución que perjudica a los trabajadores y a la institucionalidad de esta provincia.
El acuerdo publicado no es el resultado del consenso que se estipula en la legislación vigente. Sí es la consecuencia de una negociación con un gremio -o un dirigente- en pos de beneficios que nada tienen que ver con el salario de los trabajadores y que podrían haberse resuelto en otro ámbito y momento y no en coincidencia con la decisión sobre el aumento de los haberes de quienes llevan adelante la Administración Pública de esta provincia.
En el mes de mayo, muchos compañeros, sobre todo quienes perciben los salarios más bajos, estarán contentos por recibir una suma fija, pero al mes siguiente, ya no recibirán ese monto, con lo que la REAL PAUPERIZACIÓN de los salarios se hará nuevamente evidente. Y esto afecta a los que menos cobran, que no alcanzan a cubrir los gastos básicos de su familia y también a los técnicos y profesionales, cuyos salarios están notablemente desfasados por los índices inflacionarios y su capacidad de consumo notablemente reducida.
La Mesa Directiva Provincial de la UPCN Rio Negro señala la grave actitud del gobierno al no dar cumplimiento a la Ley y a los acuerdos institucionales, y el consecuente desprecio y maltrato a los trabajadores como sujetos de Derecho, que se desprende de esta resolución oficial.
Además, remarcamos que como conjunto de trabajadores nos sentimos engañados por el gobernador. Por un lado, los compromisos de revisión salarial asumidos en las Actas de la Función Pública no fueron cumplidos y todas las veces que planteamos esa recuperación de los salarios, el ejecutivo ninguneó su responsabilidad y compromiso. Por otro lado, en la negociación salarial de este año este gremio se encontró con una propuesta inamovible, un sobre cerrado sin posibilidades de discutir. Consideramos que esta es una actitud dictatorial y representa un engaño, ya que se montó una escena de discusión salarial que no fue tal y resultó absolutamente perjudicial para los intereses de los trabajadores de la Administración Pública, a quienes el gobernador ofrece un 5% menos de aumento que a los compañeros docentes. Es la peor negociación salarial en años.
Esta Mesa Directiva tiene la responsabilidad que le otorga la mayoría y, desde ella, rechazamos esta imposición salarial dictatorial, inconcebible en períodos democráticos que el gobierno pretende imponer, transgrediendo la Ley vigente y muy por debajo de las necesidades de recuperación del poder adquisitivo tan mermado de los trabajadores de la Administración provincial.
