Diputados Nacionales presentan demanda judicial por quita de hasta el 75% en las Asignaciones Familiares

La diputada nacional María Emilia Soria presentó hoy junto a los diputados Darío Martínez, José Luis Gioja, Rodolfo Tailhade, Ana María Llanos, Daniela Castro, Gabriela Cerrutti, Verónica Mercado y Santiago Igón, una denuncia penal por Abuso de la Autoridad en función de la violación a la obligación de progresividad de los derechos de la seguridad social, contra los firmantes del decreto 702/2018, Vicepresidenta Gabriela Michetti, Jefe de Gabinete Marcos Peña y Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Alberto Jorge Triaca.

Entendiendo que los pactos internacionales y la jurisprudencia de los más prestigiosos tribunales nacionales e internacionales refuerzan la postura de que el dictado del Decreto 702/2018 es un acto criminal, los diputados del bloque del FpV-PJ realizaron esta mañana la presentación que quedó radicada en el juzgado federal Nº 6 de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención de la fiscal federal Paloma Ochoa.

La quita de hasta el 75% en las Asignaciones Familiares a los trabajadores de la Patagonia es una brutal discriminación. Las condiciones climáticas y las enormes distancias propias de nuestra región marcan la desigualdad económica en relación al costo de vida de otras zonas del país. Esa desigualdad no es una ilusión o un capricho, es la realidad que reflejan los índices del INDEC y es la realidad que padecen a diario millones de habitantes patagónicos. Desconocerla es una perversidad” expresó la diputada rionegrina.

Así mismo, en la reunión de esta mañana en la Cámara de Diputados de la que participaron representantes de la Patagonia y diputados de todo el país, se destacó la importancia de adoptar una postura federal en la defensa los intereses del pueblo y de los más desprotegidos, y en particular de los diferenciales zonales que están siendo afectados por el ajuste. En este sentido se convino pedir una sesión especial para tratar la derogación del decreto 702/2018.

Recordemos que la medida afecta a más de 307.000 chicos de la Patagonia y del norte argentino que viven en condiciones desfavorables.

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