El Gobierno de Río Negro presentó una denuncia penal contra el secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi, y el resto de los manifestantes de ese gremio, por el violento ingreso a un acto escolar en Viedma, que violó todos los protocolos sanitarios vigentes y atentó directamente contra la salud de alumnos y alumnas menores de edad, padres, madres y personal docente que se encontraban presentes.
La denuncia señala que se incumplieron todos los protocolos sanitarios, se provocó un riesgo de incendio por el uso de bengalas y se causaron momentos de tensión y temor entre los presentes, especialmente los alumnos de segundo grado que esperaban recibir sus tablets del programa “A Rodar Escuela”.
La denuncia fue presentada por el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y solicita que se investigue si los manifestantes cometieron el delito de acción pública (Artículos 205 y 239 del Código Penal) además de otros que quedan a criterio del Ministerio Público Fiscal.
El escrito detalla que “no se trató de una protesta más contra alguna medida o disconformidad del Gobierno Provincial” sino que fue “un acto de violencia que afectó de manera directa la salud, derecho a la educación, y la integridad de los alumnos y alumnas, todos ellos niños y niñas menores de 12 años, que se encontraban en la escuela”.
Además, atentó “contra la salud del personal del establecimiento educativo y familias” ya que “se han incumplido normas nacionales y provinciales por no respetar el distanciamiento, ni el correcto uso de tapabocas, ni los protocolos de actividades vigentes (en este caso de uso de establecimientos educativos)”.
También se menciona que al momento de ingresar, los manifestantes encendieron “varias bengalas”, generando un riesgo de incendio que puso en peligro la vida de toda la comunidad educativa.
Los hechos
La denuncia remarca que Scalesi y un grupo de personas, cuyos datos identificatorios se desconocen, ingresaron al SUM que comparten las Escuelas Primarias 30 y 339 de la capital provincial “sin autorización, de manera ilegítima, con fuerza, violencia en las cosas y en las personas, incumpliendo de manera flagrante el cúmulo de normas de seguridad y sanitarias dispuestas por las normativas nacionales y provinciales”.
Este comportamiento se agrava aún más porque al ingresar “atropellaron contra niños y niñas que se encontraban ejerciendo la actividad educativa, desobedeciendo las órdenes que le impartían los funcionarios y directivos presentes, para que se abstengan de ingresar al establecimiento sin respetar los protocolos vigentes”.
La denuncia adjunta notas radiales y videos tomados por padres y trabajadores de la prensa, donde se expone “el atropello que sufrieron los menores como consecuencia del obrar ilícito de Scalesi y su grupo de acompañantes”.
Cabe recordar que inmediatamente, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia solicitó al Ministerio de Salud un seguimiento epidemiológico de los menores, docentes y autoridades que se encontraban en la escuela.
La presentación remarca que este “obrar violento, impropio de cualquier protesta y huérfano de cualquier contemplación con los menores que se encontraban allí, se realiza en un momento en que el país, la provincia y la comunidad de Viedma se enfrentan a una incipiente segunda ola de contagios como consecuencia de la pandemia producida por el Coronavirus”.
La denuncia indica que se han violentado varios derechos de los niños, niñas, adolescentes y adultos, como el Derecho a la Salud frente al flagelo de la pandemia de COVID-19, el Derecho a la dignidad e integridad personal de niños, niñas y adolescentes (Artículos 16 de la Ley D Nº 4109 y 9 de la Ley 26.061) y el Derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes (Artículos 28 de la Ley D Nº 4109 y 15 de la Ley 26.061).
