Los intendentes e intendentas de JSRN participaron este viernes de una reunión convocada por la Mesa Provincial del partido para dialogar sobre diferentes situaciones que ocupan a los gobiernos municipales.
Con la presidencia del Senador Alberto Weretilneck, y la participación de los dieciocho intendentes de JSRN, la Mesa Provincial del Partido, con todos sus miembros presentes, sesionó por espacio de tres horas.
La reunión comenzó con un amplio análisis del crecimiento de Juntos como partido provincial, los desafíos a enfrentar en este periodo y un mensaje de esperanza de cara a la superación de las limitaciones que impone la pandemia. Se destacó la oportunidad de trabajar puertas adentro del partido en un ámbito de confianza que cobija las coincidencias y diferencias entre los integrantes.
A continuación, se expuso la realidad sanitaria, social y económica producida por el COVID 19. Cada líder comunal dio a conocer las acciones que desarrolla en este contexto de lucha contra la enfermedad que está marcando el primer año de gestión. Se valoró la amplia red de apoyo que ha dispuesto el gobierno provincial, destacando el trabajo de cada área del ejecutivo con los municipios, se consideró muy importante la colaboración mutua para afrontar decisiones en esta situación inédita.
También fue motivo de análisis la tensión entre salud y desarrollo de la economía local y regional, situación que afecta en mayor medida a las economías ligadas a servicios no esenciales.
Luego se puso en análisis la toma ilegal de tierras en diferentes municipios. Se coincidió en que es necesario llevar adelante acciones conjuntas para evitar este delito. Las tomas y amenazas de toma se han multiplicado en el país y lo mismo ocurre en nuestros municipios, manifestaron los intendentes de Bariloche, Cipolletti, Viedma, Choele Choel, San Antonio, y, por supuesto, el intendente Pogliano de El Bolsón, quien expresó su total rechazo a la determinación del Juez Gustavo Zapata en el caso de la ocupación ilegal de tierras del Mirador del Azul.
En este punto, se acordó realizar una denuncia conjunta a dicho juez, quien se niega a indicar acciones de desalojo, y, le impone al municipio que en 15 días encuentre nueva vivienda a 130 personas. Las preguntas que surgieron de inmediato fueron: Con qué información de la realidad opera el juez? Cuáles son los marcos legales que guían su decisión? Dónde vivían estas personas antes de trasladarse a las tierras del Mirador?
Los dieciocho intendentes coincidieron en rechazar las tomas por ser ilegales y dañinas para la sociedad en múltiples sentidos, asimismo expresaron que el déficit de viviendas es un tema para trabajar en los tres niveles de estado y se están promoviendo soluciones.
Para cerrar la reunión se profundizó la idea de afrontar el día a día hasta que la enfermedad no sea una amenaza para las personas y pensar en la reinvención de los programas de gobierno a la luz de lo aprendido y lo sufrido por la población en este año.
