La Sala A en los Criminal de Viedma, integrada para esta causa por los jueces Carlos Mussi, Ignacio Gandolfi y Carlos Marcelo Valverde, hizo lugar a una serie de medidas de prueba solicitadas por el Fiscal Fabricio Brogna en relación al caso Atahualpa Martínez Vinaya, joven asesinado en Viedma.
Concretamente, autorizó se realice una ampliación la pericia de ADN por parte del Laboratorio de Genética Forense en una campera de jean hallada en la vivienda de uno de los acusados, con el objetivo de determinar correspondencia genética de la víctima o de los imputados.
Si bien ya se había realizado una pericia en la campera, la Fiscalía solicitó una ampliación de la misma “por cuanto la técnica que hoy se utiliza permite mayores posibilidades de identificación (mientras que en aquel entonces se trabajaba con 15 marcadores, ahora se trabaja con 23), trabajando nuevamente sobre la mancha detectada”.
Además, resolvió hacer lugar al pedido de citación de dos testigos, uno por la Fiscalía y otro por la Defensa. También se aceptó una solicitud del Fiscal para que la OITEL informe sobre llamadas telefónicas establecidas entre determinadas personas.
En la Resolución, los jueces también autorizaron un pedido de la Defensa oficial para ampliar los puntos de la pericia que realizó el Servicio de Huellas Digitales Genéticas.
Nuevo juicio
La causa se encamina a un pronto nuevo juicio, tras la anulación por parte del Superior Tribunal de Justicia del primer debate, que terminó con la absolución de los acusados. Esta resolución de anulación del STJ fue luego respaldada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En 2014, la Cámara –con el voto rector del entonces juez Juan Bernardi, hoy destituido y condenado- había dictado la absolución de los tres acusados.
Luego, el Superior Tribunal de Justicia anuló dichas absoluciones, por considerar que la sentencia carecía de fundamentación razonada y legal. La jueza Liliana Piccinini, entonces a cargo de la presidencia del máximo órgano judicial, fue la encargada de la lectura del fallo.
La resolución del Superior Tribunal –solicitada en tal sentido por el Ministerio Público Fiscal- no solo abrió la posibilidad de un nuevo juicio, sino también al anular la sentencia y el debate, ordenó que continúe la sustanciación de la causa con distinta composición de magistrados. El fallo tuvo con los votos afirmativos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarián, Enrique Mansilla y Sergio Barotto, con la abstención del juez subrogante Gustavo Guerra Lavayén.
Tras esa disposición, la Defensora General presentó un Recurso Extraordinario Federal ante el propio STJ y ante su rechazo, elevó una Queja a la Corte Suprema. Finalmente, la semana pasada la CSJN rechazó este planteo.
Sobre esa plataforma fáctica que surgió de la investigación y que permitió su elevación a juicio, la Fiscalía anticipó en su alegato ante el STJ que está en condiciones de completar la prueba.
