El Renault Clío había estado dos meses en el taller. El mecánico había desarmado el motor, había cambiado varias partes y había entregado el auto finalmente a su dueña. Pero con apenas 30 kilómetros de marcha, el 80 por ciento de las piezas del motor quedaron destruidas por la explosión.
La dueña llevó el auto a remolque de regreso al taller, donde recibió distintas explicaciones sobre la causa del desperfecto. Relató en su demanda que “ante la pregunta de quién se haría cargo de esos gastos”, el mecánico “le manifestó su negativa a pagarlos, le negó la factura solicitada y profirió amenazas por las cuales su padre radicó una denuncia ante la policía”.
Finalmente, con una escribana y otro mecánico, acudió días después al taller y retiró el Clío. Una pericia mecánica descubrió luego que todo pasó porque el auto había quedado “fuera de punto”.
“Al revisar el motor del auto pude corroborar que estaba fuera de punto la correa de distribución entre el cigüeñal y el árbol de levas, produciendo la rotura de dos pistones; una de las válvulas se torció y la otra se cortó, dañando la tapa de cilindro, guías y válvulas”, afirmó el experto. El perito además explicó el origen del problema: “El trabajo realizado claramente no ha sido el correcto, porque es imposible que un motor recién reparado se rompa en un lapso tan corto de tiempo y en tan pocos kilómetros recorridos”.
Buscando una solución consensuada, la dueña del auto inició un reclamo en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Villa Regina y un proceso de mediación prejudicial, pero no logró ninguna respuesta y debió iniciar un juicio por daños y perjuicios. El mecánico tampoco se presentó ante el Juzgado Civil y entonces la jueza aplicó una presunción legal en su contra, que se asemeja a una confesión de todo lo reclamado.
Para resolver, la jueza enmarcó el caso en el sistema legal de Defensa del Consumidor y concluyó que “se incumplieron las normas que obligan a un trato digno”. Afirmó que el demandado “invariablemente demostró hasta hoy un trato basado en la desidia y el más absoluto desinterés por la situación”.
La indemnización que se fijó fue superior a los 2.700.000 pesos, que incluyeron el valor de reparación total del motor actualizado con intereses, una suma por daño moral por “los padecimientos sufridos”, una multa por daño punitivo y una compensación por el tiempo que la mujer estuvo injustamente privada de usar su propio auto y obligada a buscar medios de transporte alternativos para ella y su familia.
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