La iniciativa presentada por esa bancada, con amplio apoyo de organizaciones de la diversidad, promueve el acceso a la vivienda, la inclusión educativa, la participación plena en la vida cultural comunitaria, el derecho a la salud integral y al deporte con igualdad de oportunidades.
“Consagrar el derecho a la inclusión social de las personas trans, fortalecer el pleno ejercicio de los derechos humanos: la vida comunitaria, la salud, la educación, el acceso a los bienes culturales, el deporte, la vivienda, la cultura, el trabajo formal”, propone el proyecto de ley que fue presentado esta semana en el parlamento rionegrino por el bloque del Frente de Todos.
Como una de sus principales fortalezas la iniciativa es el resultado del trabajo con el colectivo de la diversidad sexual de la Provincia: ATTTA Río Negro, FALGBT, ATTS, Livertá, Consejo de la Mujer de Fernández Oro, 100% Diversdiad y Derechos, La Hoguera Transfeminista Fernández Oro, Conciencia y Participación Ciudadana, A.D.A Agrupación Diversa Allen, Corriente Nacional Lohana Berkins, Diversidad Río Negro, Lunatiks de Allen, Frente Popular por Educación Sexual Integral, Infancias Arco Iris de Viedma.
Además tiene un amplio sustento jurídico, con variados antecedentes legislativos en el país y en el mundo.
En Argentina y en Latinoamérica, el colectivo trans es uno de los más vulnerados históricamente en lo que a derechos humanos respecta. Entre los numerosos problemas que debe enfrentar sobresalen las dificultades para acceder al sistema público de salud, al sistema educativo y al mercado de trabajo, como consecuencia de la discriminación por no tener una identidad cisgenérica. Estos impedimentos muchas veces generan aprietos económicos que terminan desembocando en la pobreza.
Un estudio de la Universidad del Comahue da cuenta de que la expectativa de vida promedio es de entre 35 y 40 años, lo que demuestra la gravedad de la situación.
En las últimas décadas, la Argentina recorrió un largo camino gracias al trabajo de las organizaciones LGBTIQ+. Sin embargo, el acceso al trabajo formal por parte de las personas trans sigue siendo una deuda pendiente. Conquistas tales como la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Reproducción Médicamente Asistida y el Código Civil y Comercial de la Nación, entre otras, generaron un piso de dignidad e igualdad derechos, que se constituye en la plataforma sobre la cual es necesario avanzar hacia lo que falta.
La norma propuesta tiene por objeto asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto a su dignidad, su integración social y cultural, educativa, económica y laboral.
El proyecto impone limitaciones a toda práctica que sea incompatible con la propuesta de ley, implementa medidas que prevengan la discriminación, promueve la formación profesional y asegura el apoyo a las organizaciones sociales del colectivo.
En su articulado propicia la conciencia social y garantiza derechos a la vida digna en cuestiones de vivienda, libertades físicas y seguridad y erradicación de la violencia y la explotación.
Entre otros aspectos, dispone el procedimiento para el cambio registral del nombre y sexo y se reivindica el acceso igualitario a la Educación, el Deporte y la Cultura y la Salud Integral.
En este sentido se asegura el acceso gratuito a procedimientos y tratamientos de psicoterapia, terapias hormonales, cirugías plásticas sobre mamas y torso, o cirugías de reasignación sexual en el momento oportuno, en función de la voluntad de la persona.
En el ámbito de la salud se crean los Centros Especializados en Identidad de Género (CEIG), que funcionarán física y administrativamente en los hospitales públicos provinciales.
A través de este amplio marco normativo, la provincia reconoce el derecho de las personas trans a trabajar en igualdad de condiciones. Además fomenta el derecho a tener un nivel de vida adecuado y a la protección social, para ellas y sus familias. Entre otras reconocimientos se asegura el acceso prioritario de las personas trans a programas de vivienda pública.
Por último, y considerando la grave situación que evidencia el colectivo trans y que se refleja en su corta expectativa de vida promedio, se propone el otorgamiento de un subsidio mensual para mayores de 35 años que hayan realizado su cambio registral conforme la Ley Nº 26.743 y su decreto reglamentario PEN Nº 1007/2012 y se establece un monto equivalente a una jubilación mínima.
